El gobierno de Córdoba se sumó con fuerza al reclamo de los gobernadores por la eliminación de los fondos fiduciarios nacionales destinados a infraestructura vial e hídrica. A través del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, la provincia exigió definiciones sobre los más de 3.000 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan su territorio, muchas de ellas en avanzado estado de deterioro.

El conflicto gira en torno al impuesto a los combustibles líquidos, cuya recaudación anual ronda los 1,5 billones de pesos. Hasta principios de este año, un tercio de ese monto se destinaba a dos fondos fiduciarios: el de infraestructura de transporte y el de obras hídricas. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió anularlos, lo que desató una fuerte reacción en las provincias.

“En lugar de mejorar lo que puede estar funcionando mal, en lugar de corregir, en lugar de investigar si hay algo que hay que investigar, se decide eliminar. La verdad, no estamos convencidos que eso augure un futuro próspero para Argentina y para Córdoba,” advirtió López en diálogo.

Según el funcionario, el 30% de los 2.000 kilómetros relevados presenta deterioros severos. Para recuperar la transitabilidad, estiman que se necesitan al menos 350 millones de dólares. Entre las rutas más afectadas figuran la autopista Córdoba-Rosario, la Ruta 7 y la Ruta 19, donde ya se registraron incidentes como la caída de pasarelas.

“Nos preocupa la ausencia total de mantenimiento, no solo de este gobierno, sino desde hace años,” señaló.

Córdoba reclama a Nación una definición clara: o transfiere los fondos para mantener las rutas, o transfiere directamente la propiedad y responsabilidad de las mismas. En ese sentido, ya ha solicitado formalmente el traspaso de la Ruta 19, incluso inició el proceso de licitación con fondos propios a través de Caminos de las Sierras, pero aún no se concreta por trabas administrativas.

“Lo primero que queremos saber es cuál es el plan del Estado nacional. Vemos mucha improvisación y decisiones economicistas sin explicación,” criticó el ministro.

López recordó que Córdoba viene asumiendo desde hace años un rol que le correspondería al Estado nacional, ejecutando obras como la autovía de la Ruta 36, los terceros carriles de Circunvalación, y el tramo norte de la Ruta 9.

Además, desde Nación se advierte que junto con el traspaso de las rutas, puede llegar también la deuda acumulada por obras inconclusas, lo que pone en duda la viabilidad de algunos traspasos. Córdoba, por su parte, rechaza esa condición.

“Hay 3.000 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba. No hay razón para no exigir explicaciones claras sobre qué va a pasar con ellos,” concluyó López.