El diputado nacional Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para crear el “Argentum” (AG), una nueva moneda nacional que reemplazaría al peso a partir del 1 de enero de 2026. La iniciativa propone que cada Argentum equivalga a 1.000 pesos actuales, eliminando tres ceros para facilitar transacciones y registros contables.

El proyecto establece una transición ordenada: durante los primeros seis meses de 2026, los pesos y el Argentum coexistirán como monedas de curso legal. Luego, solo el Argentum será válido. 

Las entidades financieras deberán reconvertir saldos bancarios de pesos a Argentum según la relación de conversión establecida, respetando contratos y derechos adquiridos.

López Murphy argumenta que la medida es técnica y administrativa, no económica. “No altera el poder adquisitivo, pero simplifica precios, salarios y operaciones comerciales al evitar cifras millonarias que complican sistemas informáticos y gestiones públicas y privadas”, señala en los fundamentos. 

La iniciativa busca claridad en presupuestos, facturación y registros, mejorando la eficiencia operativa.La propuesta recuerda antecedentes históricos, como el reemplazo del austral por el peso en 1992, que eliminó cuatro ceros. El proyecto detalla que:Contratos y documentos en pesos pasarán automáticamente a Argentum desde el 1 de enero de 2026.

Salarios, jubilaciones y pagos se realizarán en la nueva moneda

Cheques y otros instrumentos en pesos seguirán siendo válidos con la conversión correspondiente.

Toda referencia al “peso” en leyes o normativas se entenderá como Argentum.

El Banco Central de la República Argentina emitirá los nuevos billetes y monedas, y podrá sellar pesos existentes para su uso como Argentum durante la transición. Además, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a lanzar una campaña masiva de comunicación en medios y redes sociales para informar a la población.

López Murphy destaca que el Argentum busca modernizar la moneda, aportando claridad y seguridad jurídica sin modificar compromisos ni derechos. “Es una herramienta administrativa que pone en valor nuestra moneda en un contexto económico complejo”, concluye el diputado.