Al momento en el que se sancionó la Ley de Solidaridad Social, a fines del año pasado, también quedó anulada vía Congreso de la Nación, la fórmula de cálculo de haberes para jubilaciones, pensiones y asignaciones en el país.

La promesa era que, en seis meses, habría una nueva ley. Pero los plazos se extendieron, la pandemia fijó otras prioridades y la cuestión se fue dilatando.

Los incrementos de marzo y junio fueron dispuestos, en tal sentido, a través de decretos.

Este jueves, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 542/2020, se dispuso prorrogar tal situación por otros seis meses.

Pero los ajustes de marzo estuvieron fuertemente marcados por las críticas y denuncias, ya que estableció sumas fijas y no porcentuales, perjudicando a los pasivos que cobran más de $ 20.000, aunque superando el porcentaje que hubiera establecido la tabla anterior (el macrismo también la había modificado) para quienes cobran la mínima.

En junio, el incremento del 6,12 por ciento fue extensivo a todos y se ubicó por encima de la inflación oficial del trimestre.

Se habían establecido seis meses conformación de una nueva propuesta, revisando “la sustentabilidad económica, financiera y actuarial” y con el fin de hacer llegar al Congreso las condiciones de la nueva modalidad. Aunque ahora el plazo se extiende hasta fin de año.

En la medida dispuesta ahora, se remarca que la nueva fórmula tendrá "el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos", y será dispuesta "atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos".