Entre el 2010 y 2019, se sustanciaron 53 causas por aborto punible en la provincia de Córdoba, según un informe del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Del total de las causas, 25 casos se presumió la existencia de consentimiento de la gestante, en 20 no habría consentimiento y en 9 se desconoce.

La investigación revela que un 70% de los abortos con consentimiento de la mujer gestante fueron realizados por medio de medicamentos con efectos abortivos o a través de intervenciones quirúrgicas en la que participaron sujetos con formación en el campo de la medicina.

El lugar de las intervenciones se realizaron en la propia vivienda de la embaraza, viviendas de terceros o clínicas privadas.

Además de las personas embarazas, las personas imputadas son familiares o terceros que ayudaron a la concreción del fin buscado. De los 25 casos consentidos, dos personas gestantes fallecieron en la intervención.

En relación a abortos punibles no consentidos, 13 fueron consumados y 7 fueron en grado de tentativa. "Son causas donde la mujer gestante sufre una agresión física directa cuya intención incluye terminar con el embarazo en curso", advierte el informe.

De las 20 causas, 2 terminaron en la muerte de la personas gestante. Uno, en 2018, fue un femicidio y el otro, ocurrido en 2014, la Justicia determinó que fue un suicidio. 

El 70% de estos casos ocurrió en la vivienda de la víctima. "La violencia ejercida contra las mujeres y más concretamente con la intención de interrumpir el embarazo fue mayoritariamente a través de golpes dirigidos al vientre de la gestante", agregó el Poder Judicial.

Del total de casos no consentidos, 17 tiene como imputados a las parejas y exparejas de la víctima.

"Como elemento en común entre ambos escenarios, se advierten semejanzas en la distribución etaria de los imputados: tanto las mujeres embarazadas que deciden consentir la práctica abortiva, como las parejas o ex-parejas que fuerzan el aborto, tienden a ubicarse por debajo de los 29 años", concluye el informe del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales.