En medio de la ola de alertas y temores que sacude a las escuelas provinciales por reiteradas amenazas, una familia de la ciudad de Santa Fe presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Seguridad luego de recibir una notificación que les exige el pago de más de 6 millones de pesos, en concepto de los gastos del operativo de seguridad desplegado a raíz de un papel hallado en una escuela.

El hecho, ocurrido hace semanas, tiene como protagonista a un adolescente de 13 años. El abogado patrocinante de la familia, Rodolfo Mingarini, explicó en diálogo  los pormenores de un caso que, según su relato, roza lo absurdo. "Fue un desafío viral", comenzó diciendo el letrado.

Según su versión, el menor, junto a un grupo de compañeros, escribió un mensaje en un papel -que mencionaba un "tiroteo" para una fecha determinada- para luego arrepentirse y romperlo. "Se asustaron, rompieron el papelito y lo tiraron por la ventana. Ellos dicen que se les cayó", sostuvo.

Un padre, que no era el del menor involucrado, encontró los restos del papel en un estacionamiento aledaño al colegio, ya fuera del horario escolar. Tras unirlos y fotografiar la prueba, la imagen circuló rápidamente por grupos de WhatsApp de padres. Al ver la foto, el protagonista reconoció su error, se comunicó con su madre y ambos padres decidieron presentarse voluntariamente en el colegio para asumir la responsabilidad.

Mingarini no escatimó críticas a la actuación del ministerio que conduce Pablo Cococcioni. El principal argumento de la defensa es la desproporción entre el acto y la sanción económica, y la inexistencia del propio operativo. "Concretamente, ¿usted vio algún operativo de seguridad por este tema? No mandaron ni un patrullero. ¿Cómo iban a mandarnos si ya no había nadie en la escuela? Esto no fue en horario escolar, el papel lo encontraron cuando ya no había nadie. No pueden cobrar lo que no existió", sentenció el abogado.

Para el letrado, lo que está en juego va más allá de los 6.200.000 pesos. Considera que el Estado provincial está actuando de manera "ilegal" e "inventando una sanción" que no tiene ningún tipo de previsión legal ni en el Código Civil ni en el Procesal Penal. "No puede ir para atrás. Usted no puede inventar una sanción después de que ocurrió un hecho", enfatizó, calificando la notificación como un acto carente de validez.

En esa línea, defendió la necesidad de mirar el caso con perspectiva de niñez. "Es un nene de 13 años", repitió en varias ocasiones, pidiendo "proporción" y "moderación".

Consultado por alguna posible sanción alternativa, expuso: "Hasta la expulsión del establecimiento si las autoridades lo consideran, pero no se criminaliza a un chico por esto. Esto no es una causa penal", respondió el abogado, quien además reveló una consecuencia colateral grave: el niño y su familia son ahora víctimas de verdaderas amenazas y acoso por redes sociales, viéndose obligados a dar de baja sus perfiles. "Esas sí son cuestiones graves, a eso no llegan las desproporciones", alertó.

Un debate que trasciende

La entrevista derivó inevitablemente hacia la controvertida figura de Rodolfo Mingarini, quien fuera juez penal y fue destituido por unanimidad por un Jurado de Enjuiciamiento acusado de mal desempeño en once casos de delitos sexuales, en los que se le criticó una falta de perspectiva de género.

Al ser consultado por su pasado, Mingarini no dudó en calificar su propia expulsión como "política", defendió su accionar en nombre del "principio de inocencia" y aseguró haber actuado "como correspondía".

Más allá de las opiniones que pueda generar su figura, el caso que ahora patrocina vuelve a poner sobre la mesa un dilema sin resolver: ¿cómo sancionar a menores que, inmersos en la lógica viral de las redes sociales, cometen actos de alto impacto social sin dimensionar sus consecuencias?

A medida que las notificaciones sigan llegando a otras familias, este caso sienta un precedente y abre el interrogante sobre si la provincia podrá sostener legalmente el cobro de estos millonarios operativos.

Mientras tanto, la familia del adolescente, describió el abogado, son "dos empleados con dos chicos, alquilando", para quienes la cifra de 6 millones resulta una condena económica imposible de pagar por un papel roto encontrado en un estacionamiento.