La investigación judicial que apunta al patrimonio del jefe de Gabinete sumó este miércoles un elemento de peso: la declaración de Pablo Martín Feijoo, quien aseguró bajo juramento que Adorni le adeuda otros 65.000 dólares no documentados, correspondientes a refacciones realizadas en un departamento del barrio porteño de Caballito.

El testimonio, brindado durante más de tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita y bajo la órbita del juez Ariel Lijo, introduce una nueva capa de complejidad en una causa que ya analizaba inconsistencias entre ingresos declarados y nivel de vida del funcionario.

“Esa parte del dinero se acordó recuperar ‘por afuera’”, sostuvo Feijoo ante la fiscalía, en una frase consignada por Infobae.

El expediente reconstruye una operatoria inmobiliaria que, en sus términos financieros, se aparta de los canales convencionales. El departamento de la calle Miró había sido adquirido en mayo de 2025 por dos jubiladas —Claudia Sbabo y Beatriz Viegas— por US$200.000. Posteriormente, fue ofrecido a Adorni en US$300.000, aunque el precio final acordado descendió a US$230.000.

“Pagó US$30.000 de adelanto y el resto se financió a un año, sin intereses”, señalaron fuentes judiciales citadas por Infobae.

La diferencia, según explicó Feijoo, responde a una lógica no estrictamente comercial: “Me convenía mostrarme cerrando negocios con gente importante”, declaró el empresario, según el mismo medio.

Sin embargo, el punto central no reside en la rentabilidad del negocio, sino en la ingeniería financiera que lo sostiene. La fiscalía intenta determinar si estas condiciones (financiación sin intereses, pagos diferidos y acuerdos paralelos) son compatibles con la capacidad económica declarada del funcionario.

Deudas cruzadas y compromisos acumulados

El presunto pasivo de Adorni no se limita a los US$65.000 mencionados. Según surge del expediente reconstruido por Infobae, el jefe de Gabinete mantiene múltiples compromisos simultáneos:

-US$200.000 a las jubiladas que financiaron la compra del inmueble.

-US$70.000 más intereses (11% anual) a dos prestamistas particulares, garantizados con hipoteca.

-US$65.000 adicionales por refacciones, ahora bajo investigación por su carácter no registrado.

La acumulación de estas obligaciones, en paralelo a gastos personales elevados (incluidos viajes internacionales), configura el núcleo de la sospecha judicial.

Uno de los aspectos más sensibles del expediente es la presunta utilización sistemática de dinero en efectivo. Según la investigación, una porción significativa de los gastos del funcionario y su esposa no aparece registrada en movimientos bancarios ni en tarjetas de crédito.

Este dato activó nuevas medidas por parte del fiscal Pollicita, quien solicitó informes a entidades financieras, billeteras virtuales y plataformas de criptomonedas, además de registros de cajas de seguridad y documentación de agencias de turismo.